CINISMO / OPINIÓN
En el país además de una crisis de seguridad, tiene una forense
Por Emma González
El viernes 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) publicó un informe mediante el cual solicita la intervención de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que se analice el caso de México, debido a que cuenta con indicios fundados de que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad. Lo anterior, debido a las investigaciones que ha realizado a lo largo de una década.
El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como la detención, privación de libertad o secuestro cometido por agentes del Estado (funcionarios públicos), o por personas o grupos que actúan con su autorización, el apoyo o la aquiescencia. El artículo 5 dispone que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad. Esto quiere decir que el Comité, con base a lo que ha investigado, intuye que en México la desaparición forzada es generalizada y sistemática.
Aunque el Comité subraya que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, cuenta con la suficiente información para suponer que existe una tolerancia estructural por parte de las autoridades para no investigar, ni sancionar. En su informe de visita en el 2022, el Comité destacó que se mantenía una situación generalizada de desapariciones, con casi total impunidad. Observó que, según los datos estatales, solo entre 2 % y 6 % de los casos de desaparición habían sido judicializados y que, a la fecha, solo se habían dictado 36 sentencias a nivel nacional. Señaló que la impunidad estructural alentaba la reproducción de las desapariciones y causaba zozobra para las víctimas y las personas y organizaciones que las acompañan.
El Comité cuenta con testimonios que relatan desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales; así como a empresas de seguridad privada y a grupos delictivos que actuan con la permisividad y complicidad de funcionarios en los tres niveles de gobierno.
La desaparición forzada no es un fenómeno aislado ni exclusivo de un país: es una práctica documentada a nivel global que se ha ido sofisticando con el tiempo. De acuerdo con la ONU[1], lo que comenzó como una herramienta de represión en dictaduras del siglo XX se ha transformado en un mecanismo presente, también en contextos de conflicto armado, debilidad institucional y violencia criminal. Para hacer frente a esta problemática, en 2006[2] ese organismo internacional adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en 2010 y dio origen al Comité contra la Desaparición Forzada, órgano encargado de supervisar su cumplimiento. México no es ajeno a estos estándares: firmó la Convención en 2007 y la ratificó en 2008, comprometiéndose a cumplir con sus principios.[3]
El 2 de octubre de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador formalizó el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al firmar la declaración correspondiente y depositarla, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante la Sección de Tratados. Con este acto, México aceptó la facultad del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales conforme al artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que permite que personas o sus representantes presenten denuncias por presuntas violaciones de sus derechos ante este órgano internacional[4].
Actualmente el registro oficial reconoce que existen alrededor de 132 mil personas desaparecidas, una cifra alarmante que supera ampliamente los registros de otros países de América Latina. En Argentina, se ha sostenido históricamente la cifra simbólica de 30 mil personas desaparecidas[5]; en Chile[6], los informes oficiales documentan poco más de 3 mil casos; y en Colombia[7], con más de cinco décadas de conflicto, se estiman alrededor de 100 mil personas desaparecidas.
Si bien estas cifras deben analizarse a la luz de sus respectivos contextos históricos y no como equivalencias directas, el caso de México resulta particularmente preocupante: se trata de una crisis de dimensiones comparables —e incluso superiores en términos cuantitativos— que ocurre en un contexto formalmente democrático, lo que acentúa su gravedad y plantea serios cuestionamientos sociales.
En torno a la década de 1970, la desaparición operó como un crimen de Estado. Más que una “guerra sucia” —término que sugiere un enfrentamiento entre fuerzas equiparables—, se trató de una política dirigida contra sectores sociales, activistas y opositores políticos que no tenían capacidad real para hacer frente al aparato coercitivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con un poder hegemónico.
Actualmente el registro oficial reconoce que existen alrededor de 132 mil personas desaparecidas, una cifra alarmante que supera ampliamente los registros de otros países de América Latina. En Argentina, se ha sostenido históricamente la cifra simbólica de 30 mil personas desaparecidas; en Chile, los informes oficiales documentan poco más de 3 mil casos; y en Colombia, con más de cinco décadas de conflicto, se estiman alrededor de 100 mil personas desaparecidas.
Tras ese periodo, México atravesó varias décadas de relativa disminución en la visibilidad de las desapariciones, sin embargo, esto no implica que el fenómeno no haya existido. Esta situación cambió de forma drástica a partir de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, declarada por Felipe Calderón en el 2006 con la militarización de la seguridad.
Las estimaciones señalan que del gobierno de Fox al de Calderón, las desapariciones aumentaron de 20 a 30 veces. Este incremento no solo refleja un aumento en las cifras, sino también un cambio en la escala y en las dinámicas de la violencia en el país. Una tendencia que, lejos de revertirse, se ha mantenido y profundizado hasta la actualidad sin que exista una política clara para detenerla.
Ante este panorama, el Comité contra la Desaparición Forzada ha solicitado la intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fundamento en el artículo 34 de la Convención suscrita por México. Este procedimiento tiene un carácter preventivo y su objetivo es movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidades penales individuales.
La asistencia técnica propuesta contempla el apoyo de especialistas, recursos financieros y herramientas tecnológicas para fortalecer las capacidades del Estado mexicano. Uno de sus objetivos principales es atender la crisis forense que enfrenta el país, donde miles de cuerpos permanecen sin identificar. Ya en 2022, el propio Comité advirtió que, en las condiciones existentes, tomaría más de un siglo —alrededor de 120 años[8]— identificar los restos humanos acumulados, sin considerar aquellos que continúan sumándose.
Este problema revela uno de los núcleos más críticos de la crisis: la incapacidad institucional para identificar a las víctimas. Casos como el de los tráileres[9] con cuerpos en Jalisco ilustran la magnitud del colapso forense. La identificación no es un asunto técnico menor, sino el mínimo acto de justicia que el Estado debe garantizar a las familias.
En este contexto, algunos de los más de 120 colectivos de familiares[10] —quienes han aportado información clave al Comité— han formulado propuestas concretas para que la asistencia técnica internacional se traduzca en resultados efectivos. Entre ellos destacan el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, su integración plena al Sistema Nacional de Búsqueda y la creación de una red nacional de laboratorios con apoyo de instituciones científicas, entre otras.
En conjunto, estas medidas buscan convertir la cooperación internacional en avances tangibles en materia de identificación y acceso a la justicia, sin embargo, el gobierno ha rechazado esta asistencia al considerar que la información presentada por el Comité es tendenciosa y sesgada. A su juicio, sus conclusiones no reflejan adecuadamente los esfuerzos del Estado mexicano, responden a una interpretación parcial o descontextualizada de la situación en el país y rechaza, además, la idea de que exista una política orientada a la desaparición forzada.
El informe del Comité reconoce avances institucionales, como la creación de fiscalías especializadas y la adopción de protocolos de investigación. También aclara que no todas las desapariciones son forzadas, aunque enfatiza que el Estado está obligado a investigar cualquier caso en el que exista una sospecha razonable[11].
Mientras el gobierno mexicano insiste en rechazar el informe por la supuesta imprecisión de su retórica jurídica —sin duda un aspecto relevante, aunque discutible—, esa negativa termina por postergar lo verdaderamente urgente: la identificación de los cuerpos que permanecen en los servicios forenses. Con ello su actuar resulta cuando menos irónico, pues en su afán por diferenciarse de las administraciones pasadas, termina asemejándose cada vez más a aquello que afirma no ser.
Actualmente no solo enfrentamos una crisis de seguridad, sino una crisis forense, institucional y de derechos humanos acumulada. Ignorar la cooperación internacional disponible y postergar la atención a los problemas estructurales no solo prolonga la impunidad, sino que profundiza el daño a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.
[2] https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/ced/background-international-convention-protection-all-persons-enforced-disappearance
[3] https://sre.gob.mx/sre-docs/dh/docsdh/boletines/2008/desaparicionesforzadas.pdf
[4] https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/09/asun_4063735_20200901_1599052005.pdf
[5] https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/cuantos-son-los-desaparecidos-y-cuantas-las-victimas-de-la-desaparicion-forzada-en-la-argentina-debates-politicomemoriales-e-investigacion-academica/E9485B72CFF433F9F64858317AAD4A64
[6] https://pdh.minjusticia.gob.cl/comisiones/
[7] https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/universo-personas-desaparecidas-octava-actualizacion-agosto-2025/
[8] https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/13/en-mexico-hay-52-mil-personas-desaparecidas-fallecidas-y-tomaria-120-anos-identificar-los-cuerpos-onu/
[9] https://adondevanlosdesaparecidos.org/2020/09/17/jalisco-la-verdad-de-los-traileres-de-la-muerte/
[10] https://aristeguinoticias.com/0304/mexico/familias-presentan-plan-para-consolidar-identificacion-de-desaparecidos/
[11] https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2FMEX%2FA.34%2FD%2F1&Lang=en
Emma González es «una mujer de buenas intenciones que ha pavimentado un camino directo y fácil al infierno».
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