REVISTA LOS CÍNICOS

TÓNICA REPLICANTE

Entre desahucios, crisis de vivienda y Ravalear

Por: Alberto Zúñiga Rodríguez

Mientras Madrid arde por la enésima crisis de vivienda, las instituciones han decidido que lo que realmente necesita la ciudad es un poco de jazz y neurosis neoyorquina. Woody Allen aterrizó la semana pasada en la capital ibérica para comenzar el rodaje de su película número cincuenta y uno, arropado por las autoridades locales en un recibimiento triunfal (y con guitarra de pala para la foto).

El director estadounidense presentó su nuevo proyecto esquivando olímpicamente la realidad que pisa. Preguntado sobre el drama de la vivienda, Allen tiró de su clásico repertorio de evasivas para declararse, en la práctica, un ente apolítico que simplemente pasaba por allí. Porque claro, cuando tienes a las administraciones extendiéndote una alfombra roja financiada con tres millones de euros de dinero público —1,5 millones aportados por la Comunidad de Madrid y otros 1,5 por el Ayuntamiento— a cambio de usar la ciudad como escaparate turístico, resulta de muy mal gusto fijarte en las acampadas de protesta ciudadana que bloquean el centro a escasos metros de tu set de rodaje.

No te preocupes, Woody, tu respuesta ya habla por ti… Una acampada que, por cierto, seguirá amargándole los desayunos a Isabel Díaz Ayuso: en un revés que ha escocido profundamente en la Puerta del Sol, este lunes el Tribunal Superior de Justicia acaba de rechazar tajantemente la petición de la presidenta autonómica para ordenar el desalojo policial. La justicia ha tenido que recordarle que el derecho a la protesta pesa todavía un gramo más que la rentabilidad visual de los turistas. Como dirían los Simpson en aquel célebre capítulo y modificando un poco la frase: “¡alguien quiere, por favor, pensar en los tu-ris-tas!”

Estuve en la manifestación del sábado 3 de octubre en la Puerta del Sol Madrileña y da asco escuchar a algunos turistas que se quejaban por no poder tomarse la selfie con la mítica estatua del Oso y el Madroño… o en la plaza misma llena de tiendas de campaña. Insisto: “¡alguien quiere, por favor, pensar en el Instagram y las redes de los po-bres-tu-ris-tas!”

La victoria pírrica en el asfalto de mantener el campamento en el kilómetro cero de España contrasta con el colapso absoluto en los despachos. El andamiaje legislativo del país acaba de saltar por los aires. En un giro de guion digno de una mala tragicomedia, la pinza parlamentaria entre el PP, Vox y Junts ha dinamitado en el Congreso los dos decretos del Gobierno que pretendían poner un parche a la sangría habitacional, enterrando el escudo antidesahucios y las prórrogas de los alquileres.

La respuesta a esta opereta de mal gusto no se ha hecho esperar: asumiendo su incapacidad legislativa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este lunes por la mañana ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones generales anticipadas. El país entero se va a las urnas mientras los ciudadanos no saben si el mes que viene podrán pagar el techo bajo el que duermen.

Para quienes leen esto desde fuera de España, conviene entender que este drama no nació ayer ni es un simple desajuste de temporada: es la herencia tóxica de la burbuja inmobiliaria de 2008. Aquel crac financiero, alimentado por el crédito fácil y la especulación salvaje, destruyó la economía familiar de millones de personas. Tras el rescate bancario pagado con dinero público (al mismísimo estilo y ejemplo del FOBAPROA en México), miles de viviendas embargadas fueron liquidadas a precio de saldo y entregadas a grandes fondos buitre internacionales. Así fue como España mutó de ser un país de propietarios a convertirse en un tablero de ajedrez donde el derecho a un techo fue desplazado por el negocio del alquiler turístico y la especulación salvaje, transformando los barrios históricos en activos financieros de fondos de inversión que ni siquiera tienen sede en el país.

Otro apunte importante para quienes nos leen desde latitudes con sistemas presidencialistas (como México) y se pregunten cómo un presidente puede simplemente ‘cancelar’ el periodo de gobierno, va un breve paréntesis: España opera bajo un sistema parlamentario. Aquí el presidente del gobierno no se elige por voto ciudadano directo, sino que depende de formar alianzas y mayorías en el Congreso de los Diputados. Cuando esos pactos saltan por los aires y aprobar leyes se vuelve imposible —como acaba de ocurrir con este colapso legislativo—, la Constitución le otorga al presidente un ‘botón rojo’: la facultad exclusiva de disolver las Cortes y adelantar las elecciones para que las urnas repartan de nuevo las cartas. Por eso habrá elecciones el 29 de noviembre próximo.

Así que mientras las élites políticas huyen hacia adelante, la trituradora del mercado sigue operando con total normalidad. Los números son tan fríos como aterradores: según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se ejecutan casi 45 desahucios diarios, superando los 4.000 lanzamientos solo en el primer trimestre de este año, siendo la inmensa mayoría motivados por el impago de unos alquileres asfixiantes.

Hace apenas unos días, el 23 de septiembre, la realidad nos abofeteó con la imagen de Maricarmen. A esta mujer de ochenta y siete años la sacaron en una camilla medicalizada de su casa en el barrio madrileño del Retiro, donde había vivido durante setenta y un años. La empresa propietaria necesitaba que su alquiler pasara mágicamente de 500 a 1.650 euros, porque los márgenes de beneficio no entienden de achaques ni de memorias familiares.

En el tribunal de los defensores acérrimos del libre mercado, el argumentario no tardó en culpar a la víctima: acusan a la casi nonagenaria de una absoluta falta de previsión, sosteniendo que, tras medio siglo pagando un alquiler bajo en una zona premium, debió haberse comprado un piso (y los bulos tampoco se han limitado en su obscenidad característica, acusándola de apostadora de bingo, derrochadora, mala vecina y nos han brindado hasta los saldos de su cuenta bancaria).

Desde esta visión hipermercantilista, la anciana es tachada de «abusiva», y su desahucio es aplaudido como un acto estrictamente legal y necesario. Sin embargo, aquí radica la mayor ironía histórica: la raíz de este conflicto emana directamente de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, una normativa de la dictadura de Franco que instauró la «renta antigua» para garantizar la paz social. Hoy, el sofisticado sistema democrático español se aplica a fondo para liquidar los últimos vestigios de esa protección franquista. Que el proceso implique echar a una anciana a la calle será legal, pero constituye un espectáculo inmoral que retrata el vacío de nuestra época.

Resulta verdaderamente fascinante observar cómo hemos asimilado esta crueldad hasta volverla material de consumo. Exigimos que la ficción denuncie la injusticia para sentirnos moralmente superiores, y por eso hemos convertido en el éxito de la temporada a Ravalear. Estrenada en mayo de 2026 en HBO Max tras hacer historia como la primera serie española seleccionada en la Berlinale, la miniserie se ha erigido como el gran artefacto cultural de esta crisis. Su dolorosa pertinencia nace de un trauma real: su creador y codirector, Pol Rodríguez (junto a Isaki Lacuesta), concibió la serie basándose en la asfixia de su propia familia, fundadora del mítico restaurante barcelonés Can Lluís, devorado por un fondo buitre.

Con la ayuda del documentalista Justin Webster, Rodríguez transmutó esa rabia en Can Mosques, un centenario local ficticio del Raval. A lo largo de sus seis asfixiantes capítulos, lo que arranca como un drama de denuncia social muta rápidamente en un oscurísimo thriller de supervivencia urbana. Enric Auquer ofrece un recital antológico interpretando a Lluís, un hombre que desciende a los infiernos de la desesperación frente al terrorismo burocrático de andamios paralizantes y burofaxes diarios.

Pero Ravalear es brillante precisamente porque no santifica a sus protagonistas. Empujado por la urgencia, Lluís cruza la línea y se transforma de víctima en victimario: sin ningún pudor moral, comienza a manipular a chicos migrantes del barrio, utilizándolos como carne de cañón y peones en su guerra sucia para salvar el legado de su familia. A su lado, una deslumbrante María Rodríguez Soto encarna a su esposa, Marta, con quien termina orquestando una alianza contra natura, pagando y utilizando a las mafias de la okupación para boicotear desde dentro los planes de los inversores extranjeros. Arropados por pesos pesados como Sergi López (como siempre, asombroso), Francesc Orella, Lluïsa Castell y Quim Àvila, la serie nos arrastra a un ecosistema donde el capitalismo obliga a los pobres a devorarse entre ellos.

El arranque y el ritmo del montaje del primer capítulo, es apabullante. La cámara al hombro nos conduce en una sensación de estar viendo un documental, una formalidad totalmente intencionada. La sensación de urgencia ante la tragedia, se mide en la cantidad de cortes y la música de Eloi Caballé que desde sus acordes electrónicos nos erizan los sentidos. Otro gran activo de la miniserie, que mientras escribo este texto, de fondo me acompaña y siento como si tuviera que correr o desaparecer a algún sitio.

La disonancia cognitiva es absoluta. Nos clavamos en la sala durante seis horas para sufrir con la amoralidad de Can Mosques, justificamos las decisiones extremas de sus protagonistas y lloramos por la destrucción del arraigo. Sin embargo, apagamos la pantalla y permitimos que empresas como la que desahució a Maricarmen operen con impunidad, mientras Woody Allen recibe tres millones de euros públicos para filmar comedias y nuestros políticos convocan elecciones por su propia incompetencia.

En Ravalear, los desahuciados al menos tienen a unos guionistas brillantes que se vengan por ellos utilizando tácticas de guerrilla; en la vida real, solo les queda esperar la camilla, aunque quizá, no todo este perdido y el caso de Maricarmen sea el cerillo que prenda la mecha en esta insufrible crisis de vivienda. Las movilizaciones y acampadas por el territorio español han comenzado y no parecen querer irse de las calles, a donde han echado los fondos buitres a tanta gente… ¿Será el inicio de un cambio? No lo sabemos. Desde el fondo de mi corazón y sobre todo nuestros bolsillos, esperamos que sí.

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Alberto Zúñiga Rodríguez es cineasta y un obrero fílmico nacido en el rancho de las balas perdidas -fílmicas- Morelia, Michoacán. Ha dirigido los largometrajes Rupestre (2014), En la periferia (2016) y Emiliana Gat-alana (2023). Vive en Barcelona desde el 2022 donde conduce y produce el cinepódcast Tónica Replicante.