DILEMMAS DOMINICALES

Sobre el aniquilador estado de interdicción

El caso de Britney conmueve a la opinión pública por una mezcla de admiración y morbosa fascinación. En México hemos tenido nuestros propios interdictos famosos. De acuerdo a la Dirección Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, sólo en 2020 se iniciaron 306 juicios de interdicción. La facilidad y rapidez apabullante con la que un juez puede declarar el estado de interdicción es algo que nos tendría que ocupar.

Por Emma González

No es casualidad que se pugne por la libertad de Britney.

Todas las personas tenemos derecho a ser escuchadas por un juez. Sin embargo, esto no sucede con las personas consideradas deficientes mentales, dementes, o “privadas de sus facultades” por razones de discapacidad. Y esta es sólo una arista de lo restrictiva que es la figura jurídica de la interdicción bajo la cual está Britney Spears y que ha sido motivo de escándalo los últimos días. Entre quienes están interdictos, hay los que pierden la guardia y custodia de sus hijos, son sometidos a restricciones en el cuidado propio, la crianza o convivencia; por otro lado, están los que son despojados de sus bienes, que son obligados a vivir en ciertos lugares o bajo internamientos forzosos, alegando peligrosidad para sí mismos o los demás. También están los que viven en la precariedad a pesar de tener recursos disponibles, o bajo vigilancia cotidiana de tutores que controlan sus gastos, visitas, amistades y tipos de relaciones. 

¿Cómo sabe un juez si los tutores abusan de una persona interdicta, como sugiere el caso de Britney? La respuesta es que la ley no contempla ningún mecanismo para escuchar a estas personas. Por lo regular, el juez nunca se entera de los abusos porque asume que la persona en cuestión está “protegida” por los familiares a quienes se les ha dejado toda la responsabilidad. Sin embargo, no hay medidas para verificar si el tipo de vida que llevan las personas interdictas es en efecto acorde a su voluntad y necesidades.

La interdicción es un recurso legal antiquísimo que arrastramos de los códigos napoleónicos, y que se pensó para proteger los bienes y no a las personas. La intención era que quien se encontraba “privado de la razón, en estado de idiotismo o demente”  no pudiera acceder a los bienes que de otro modo le pertenecerían, pues había una alta posibilidad de dilapidación. Por esta razón había que restringir su capacidad de ejercicio, es decir, de actuar en nombre propio sobre esos bienes. Entonces, la celebración de cualquier acto jurídico como casarse, contratar o ser contratado, heredar o tener la guardia y custodia de sus descendientes queda restringida o imposibilitada, pues la persona interdicta sólo puede actuar a través de terceros, quienes asumen su tutela y curatela, respectivamente, a través de un juicio. Los conceptos que describen a alguien sujeto de interdicción siguen vigentes hasta el día de hoy. El código civil de Guanajuato,  por ejemplo, mantuvo vigente hasta 2018 la restricción al matrimonio para el cónyuge que padeciera de “locura, idiotismo o imbecilidad”. Muchos códigos en la actualidad cuentan con transitorios que derogan los artículos que se refieren de modo abyecto a personas que presentan discapacidad por cuestiones psiquiátricas, pero el registro y las prácticas de cómo la ley mira y trata a esta población, persiste.

La facilidad y rapidez apabullante con la que un juez puede declarar el estado de  interdicción es algo que nos tendría que ocupar. Sólo se necesita el testimonio de dos médicos alienistas para llevarlo a cabo, y no hay ninguna necesidad de informar a la persona que quedará interdicta. La rigurosidad metodológica con la que se realizan las evaluaciones psicológicas o psiquiátricas que determinan la incapacidad mental de alguien ––requisito indispensable para la declaración de interdicción–– suele ser muy deficiente. Así quedó demostrado en el caso que acompañó la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM para solicitar el cese de estado de interdicción de una persona; eventualmente, la Corte la calificó de desproporcionada a través de  la resolución del Amparo Directo 4/2021. En una audiencia civil de este juicio, psiquiatras del hospital Fray Bernardino expusieron que el único criterio para determinar si una persona “puede gobernarse o no a sí misma” es mediante un cuestionario al que llaman “Examen mental”; contiene preguntas tan vagas como: “¿La televisión se refería a veces a ti?”, “¿Sentías que había mensajes ocultos en el ambiente?”.

Nos han dicho que la figura de interdicción es para el cuidado y la protección, pero no se ha aclarado de quién. De la persona declarada como interdicta, definitivamente no. La ley no habla con quien considera incapaz de responder. Al considerar a la persona en cuestión como un desvalido, se conviene que debe ser protegida a través de la representación de otro, pero ¿esta suplantación no profundiza la desprotección? Perder la posibilidad de ser visto y escuchado por la ley es sólo lo primero, de ahí se desprenden otras problemáticas que derivan incluso en graves violaciones a derechos humanos como los internamientos, medicaciones y esterilizaciones forzosas, los cuales ya han sido calificadas como tortura y que desgraciadamente a veces suceden sin necesidad de la interdicción.

El código civil de Guanajuato,  por ejemplo, mantuvo vigente hasta 2018 la restricción al matrimonio para el cónyuge que padeciera de “locura, idiotismo o imbecilidad”. Muchos códigos en la actualidad cuentan con transitorios que derogan los artículos que se refieren de modo abyecto a personas que presentan discapacidad por cuestiones psiquiátricas, pero el registro y las prácticas de cómo la ley mira y trata a esta población, persiste.

El caso de Britney conmueve a la opinión pública por una mezcla de admiración y morbosa fascinación. En México hemos tenido nuestros propios interdictos famosos. Ya sea a través de la declaratoria de un juez, como en el caso del escritor Sergio Pitol, o sin una  declaración jurídica pero con iguales medidas restrictivas por parte de la familia o círculos más cercanos como lo vivieron Nelly Campobello, José Luis Cuevas y José José. Todos ellos estuvieron a expensas de terceros y fueron aislados del resto de sus familiares, según lo declarado por algunos de ellos. Sus casos, sin embargo, no son uno más, cobran relevancia porque están en el ojo público, pero ¿qué pasa con los otros muchos que no lo son? De acuerdo a la Dirección Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, sólo en 2020 se iniciaron 306 juicios de interdicción. Pero por otro lado, ¿qué hace que unos casos nos importen más que otros? Esa tendría que ser una conversación.

José José, un famoso interdicto mexicano.

Muchísimas son las personas que han vivido y muerto en el anonimato bajo esta figura aniquiladora. Invisibles e inaudibles no sólo ante la ley, sino ante la indolencia de una sociedad que no deja de ser cruel con quienes consideran “deficientes, dementes y privados de la razón” con todo el peso de la abyección que eso implica. Algunos movimientos de derechos humanos, principalmente el de las personas con discapacidad, han trabajado arduamente para derribarla. Desde los setenta, cuando surgieron los llamados Disability Studies (Estudios sobre discapacidad) promovidos por el activista, escritor y académico Mike Oliver, se incentivó el llamado “modelo social de la discapacidad”. La promoción de este cambio de paradigma para entender la discapacidad dio origen a un movimiento social diverso y vibrante que construyó la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD). Este es un ordenamiento jurídico a nivel internacional que deriva en un justo e histórico reclamo por la dignidad y la reivindicación de derechos.

La CDPD es un tratado internacional de carácter vinculante del que el Estado mexicano forma parte desde 2008 y que lo obliga a adoptar sus preceptos en la legislación local. En su artículo 12, la Convención introduce los principios de igualdad ante la ley; en ellos, estipula que el sistema jurídico no puede hacer distinciones en razón de la condición mental o física ––o de cualquier otra, así como del género o raza de las personas–– . De hacerlo, incurre en un acto de discriminación que debe ser señalado y sancionado. En el mismo sentido insta a los Estados a reconocer sin distinción que todas las personas, independientemente de su condición mental, poseen capacidad jurídica. Este  artículo fue introducido por la Organización Internacional de Sobrevivientes a la Psiquiatría fundada por la abogada estadunidense y exusuaria de los sistemas de salud mental, Tina Minkowitz. Es un artículo que representa la voz de quienes han sido acallados por la ciencia que ha marcado su exclusión jurídica, hasta ahora.

En el ámbito jurídico nacional e internacional se empieza a asumir que el que alguien no pueda acceder a la ley por su condición mental es sencillamente discriminatorio. Esto ha llevado a discusiones técnicas e ideológicas interesantes. Así, Perú, Costa Rica, Colombia, y recientemente España, han modificado sus códigos civiles para eliminar la tutela. Lo ideal sería acompañar estas conversaciones también desde la opinión pública de modo que cuestionemos a fondo nuestras prácticas restrictivas y excluyentes. Ciertas disciplinas que empiezan a entender condiciones como la psicosis desde otras aristas pueden aportar explicaciones y perspectivas que nos alejen de la mera condición patológica, y deben ser escuchadas por la ley.

No es casualidad que se pugne por la libertad de Britney, pero antes de aventurar la entusiasta consigna detengámonos un poco y cuestionemos lo que hicimos o seguimos haciendo para poner a alguien (sea a la famosa cantante pop o las miles de personas invisibles que son interdictas cotidianamente) en semejante prisión.

* Artículo originalmente publicado en la revista Nexos.

Emma González es feminista y psicoanalista, ha colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil con temas relacionados a derechos humanos, factores discapacitantes debido a la violencia, incluyendo violencia de género, acceso a la justicia y acompañamiento terapéutico y psicosocial a sobrevivientes de violaciones graves de derechos humanos. Colabora en 17, Instituto de estudios críticos, en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Foro Psicoanalítico Mexicano, entre otros.