CINISMO ATRAPADO
Me canso ganso…
A escasos días de que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador cumpla cien días de gobierno, el ganso está empantanado en el petróleo, el huachicol y el asesinato del ambientalista morelense Samir Flores Soberanes. ¡Me canso ganso!
Por Pulpo Santo
El aumento de la concentración de gases efecto invernadero (GEI) es la causa del cambio climático y el calentamiento global, cuyas consecuencias deterioran la vida en el planeta tierra. El documento World Energy Outlook 2015 de la International Energy Agency informa que del total de la energía eléctrica mundial en 2013, el 67% se generó con combustibles fósiles (el 4% con petróleo, 22% con gas y 41% con petróleo).
El 26 de octubre de 2017 en las instalaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en Jiutepec, Morelos, durante el primer Simposio Retos y Oportunidades de la Generación Hidroeléctrica en México, el entonces director de energías limpias de la Secretaría de Energía, maestro Efraín Villanueva Arcos, informó que durante 2016 el 79.69% de la energía eléctrica en México se generó con fuentes fósiles.
El gobierno mexicano ha adquirido compromisos nacionales e internacionales para reducir sus emisiones de GEI al 2021, su meta consiste en generar el 30% de la totalidad de la energía eléctrica sin emisiones de GEI, sin embargo, la falta de voluntad política, el rezago en el aprovechamiento de fuentes de energía renovable (hidráulica, eólica, solar, geotérmica y fotovoltaica) y en la operación de tecnologías limpias en capacidad instalada, dificulta cumplir con el requerimiento global de disminuir emisiones contaminantes e impide proveer de seguridad al sistema mexicano de abastecimiento de energía eléctrica.
El Presupuesto de Egresos 2019 indica que la prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sector energético se enfoca en los hidrocarburos. La cancelación de la cuarta subasta de largo plazo para generación de energía eléctrica y el recorte presupuestal en el sector eléctrico ahuyenta la inversión y desdeña el potencial de recursos naturales del país para aprovechar las energías renovables (que en 2017 atrajo 6 mil millones de dólares).

En México, los proyectos hidroeléctricos recientes (aún en estudio), atendían un amplio marco jurídico que da seguimiento a la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades involucradas, proyectos que contemplaban la perspectiva de sustentabilidad para su construcción y operación, así como, el diseño de medidas de mitigación y compensación desde su etapa de planificación.
En diciembre de 2018, en el primer mes de su administración como Presidente de la República, López Obrador anunció que no se construirán nuevas centrales hidroeléctricas, que con la colaboración de la empresa canadiense Hydro-Québec se modernizarán las 60 hidroeléctricas construidas en el transcurso de las últimas cinco décadas, así mismo, como parte de su plan para recuperar la industria petrolera informó que rehabilitará seis refinerías, construirá otra en Dos Bocas, Tabasco, combatirá la corrupción en PEMEX y el robo de combustible.
La política energética de la administración actual no procura la diversificación de fuentes de ingreso ni la diversificación de la matriz energética, acciones indispensables para proteger las finanzas públicas de la volatilidad natural de la industria petrolera y para apoyarse en distintas fuentes de energía que fortalezcan la seguridad energética nacional.
A menos de cien días del gobierno de López Obrador
El robo de combustible (huachicoleo) es una actividad criminal constituida por una amplia estructura que incluye a empleados de PEMEX, funcionarios de gobierno, grupos del crimen organizado, empresarios y miembros de comunidades (entre otros). En las primeras semanas de 2019 la política del gobierno federal para el combate al huachicoleo provocó compras de pánico, desabasto y retraso en el suministro en diez entidades del país. Además de generar bonanza para unos cuantos, el huachicoleo también ha generado tragedias, la más reciente se presentó el 18 de enero de 2019 con la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, al 24 de febrero se registran 132 muertos.
Por la mañana del miércoles 20 de febrero de 2019, ocurrió un suceso que diversos medios de comunicación y activistas vinculan a motivos políticos, el homicidio de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl morelense originario de Amilcingo (fundador del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos Puebla Tlaxcala y la Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM), quien fuera opositor a la rehabilitación de la termoeléctrica de Huexca y la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En el caso específico de la consulta sobre el PIM y la termoeléctrica en Huexca, voceros de pueblos de nueve municipios del oriente de Morelos la califican como “amañada, ilegal y anticonstitucional”, manifiestan su desconocimiento a los resultados, advierten que las comunidades directamente afectadas han acordado en asambleas su rechazo y se organizan para efectuar acciones de resistencia civil.
Por su parte, el titular de la Fiscalía de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que la primer línea de investigación apunta a nexos de Samir con el crimen organizado, indicó que no se tiene ningún dato que demuestre que el motivo esté vinculado a su oposición a la termoeléctrica. El 26 de febrero el fiscal de Morelos informa que extravió la evidencia (supuesta cartulina con un narcomensaje) de que el asesinato de Samir fue realizado por miembros de un grupo de la delincuencia organizada.
Posterior al asesinato de Samir Flores, 200 académicos, investigadores, organizaciones, pueblos y colectivos le solicitaron a López Obrador que reflexione sobre la pertinencia de la consulta programada para el 23 y 24 de febrero. El viernes 22 de febrero el presidente declaró que en caso de que la termoeléctrica de Huexca no entre en operación, se perderán 25 mil millones de pesos del presupuesto público invertido en la obra, agregó que la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública de la nación.
En localidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala se realizó el pasado fin de semana la consulta sobre el PIM y la termoeléctrica en Huexca, en un ambiente polarizado y con algunos brotes de violencia (se presentó quema de casillas, de boletas y detención de opositores) participaron 55 mil 175 ciudadanos, López Obrador expuso los resultados el lunes 25 de febrero, un 59.5% expresó su aprobación y un 40.1% su rechazo.
Nuevamente, como en las consultas anteriores (la del Aeropuerto en Texcoco o Santa Lucía y la del Tren Maya y Programas Sociales) el ejercicio de participación ciudadana pone en duda la legitimidad del proceso y sus resultados al no estar claro el mecanismo ni las reglas para su ejecución.
En el caso específico de la consulta sobre el PIM y la termoeléctrica en Huexca, voceros de pueblos de nueve municipios del oriente de Morelos la califican como “amañada, ilegal y anticonstitucional”, manifiestan su desconocimiento a los resultados, advierten que las comunidades directamente afectadas han acordado en asambleas su rechazo y se organizan para efectuar acciones de resistencia civil.
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